Michael JohnsonLa orden del 29 de septiembre cambia el vocabulario oficial del poder ejecutivo, pero no confirma la aparición de una inteligencia sobrehumana. No es posible evaluar por completo un acuerdo voluntario aparte entre empresas tecnológicas sin disponer de su texto.
Firmada por Donald Trump el 29 de septiembre de 2026, la orden instruye a las agencias ejecutivas a usar «Super Intelligence» y «SI» en lugar de «Artificial Intelligence» y «AI» en la correspondencia oficial, las comunicaciones públicas, los sitios web, los informes y otros documentos que no estén establecidos por ley. Sin embargo, para aplicar la orden se mantiene la definición legal vigente de inteligencia artificial.
No se trata de un cambio de nombre de la tecnología en todo el país ni de una señal de que los modelos actuales hayan alcanzado capacidades sobrehumanas. La orden cambia el vocabulario del poder ejecutivo federal y solo encomienda elaborar una nueva definición.
Qué dispone exactamente la orden
El requisito se aplica a los departamentos y agencias del poder ejecutivo y rige «en la máxima medida permitida por la ley». La orden no exige reescribir documentos publicados anteriormente, reglamentos, documentos presidenciales, contratos, subvenciones ni materiales históricos.
A efectos de la orden, «Super Intelligence» y «SI» abarcan las mismas tecnologías y sistemas que la definición federal vigente de AI. La orden encarga preparar un proyecto de nueva definición: en un plazo de 60 días, el asesor presidencial de Ciencia y Tecnología deberá presentar un proyecto de definición legal del nuevo término y propuestas de posibles cambios legislativos. Se trata de un encargo para preparar propuestas, no de un cambio legislativo ya aprobado.
La Casa Blanca justifica el cambio de nombre afirmando que, según la evaluación de la administración, los sistemas avanzados ya no se limitan a imitar o automatizar capacidades humanas específicas, sino que amplían las capacidades de las personas. Esta es la postura de la administración, expuesta en la ficha informativa de la Casa Blanca, no una evaluación independiente de las capacidades de los sistemas.
Un cambio de nombre no demuestra un cambio de capacidades
El efecto inmediato de la orden son cambios en los documentos y las comunicaciones públicas de las agencias federales. La nueva denominación puede aparecer donde antes se usaba «AI», mientras que los documentos antiguos y las referencias a la legislación vigente conservarán la terminología anterior.
El cambio de nombre, por sí solo, no dice nada sobre la precisión, la seguridad ni el nivel de capacidades de un modelo concreto. La orden instruye a las agencias a emplear los nuevos términos y encarga preparar propuestas para una nueva definición federal, pero no establece que todos los sistemas comprendidos hayan pasado a ser sobrehumanos.
El acuerdo de las empresas es un asunto aparte
En una reunión en la Casa Blanca, los dirigentes de empresas tecnológicas hablaron de procedimientos internos y revisiones externas. Sin embargo, según informó Associated Press sobre el acuerdo voluntario, cuando se publicó la noticia el texto no estaba disponible y no se habían revelado los detalles de los compromisos. Por tanto, las declaraciones de los participantes no permiten determinar las obligaciones exactas de las empresas, los criterios de revisión, la independencia de los auditores ni las consecuencias de incumplir las promesas.
Se trata de una iniciativa distinta de la orden: esta se refiere a la terminología de las agencias federales, mientras que el acuerdo atañe al compromiso voluntario anunciado por las empresas. Sin acceso al texto, no es posible evaluar si las revisiones prometidas conforman un sistema de supervisión verificable.
Interpretación política
En un análisis publicado el 1 de octubre, Axios interpreta la nueva denominación como un intento de cambiar la percepción pública de la AI en medio de los debates sobre los riesgos de la tecnología y la construcción de centros de datos. Se trata de una interpretación del medio, no de un motivo establecido expresamente por la orden.
Lo más preciso es decir que la administración ha instruido a las agencias federales a utilizar una nueva denominación en ciertos materiales oficiales, manteniendo la definición legal vigente como base para aplicar la orden. Aún no está claro qué cambiará tras la elaboración del proyecto de nueva definición ni si los compromisos de las empresas podrán verificarse públicamente.